Investigación de antecedentes credibilidad

Refutando las ideas erróneas más frecuentes sobre el proceso judicial de Naasón Joaquín García

2020.06.02 13:37 VirginiaBeckett Refutando las ideas erróneas más frecuentes sobre el proceso judicial de Naasón Joaquín García

Refutando las ideas erróneas más frecuentes sobre el proceso judicial de Naasón Joaquín García
Dedicado con especial admiración a los miembros activos de la Iglesia La Luz del Mundo que nos leen en silencio buscando respuestas a sus dudas e inquietudes, y cuya naturaleza inquisitiva ninguna narrativa oficial falaz podrá subyugar.
1.Naasón Joaquín García es culpable.
No, él se presume inocente mientras en un juicio propiamente tal no se acredite más allá de toda duda razonable que es culpable de los delitos que se le imputan a través de un veredicto condenatorio y una sentencia judicial.
2.La Corte de Apelaciones exoneró al apóstol de Jesucristo de todos los cargos y pronto saldrá en libertad.
El fallo de la Corte de Apelaciones favorable a su defensa de ninguna manera lo exoneró de los cargos que se presentaron contra él, dado que la desestimación de la demanda enmendada por un error de procedimiento no guarda ninguna relación con la credibilidad de las denuncias ni tampoco con el peso de las evidencias.
Asimismo, la oficina del Fiscal General de California anunció que volverá a presentar cargos tan pronto como la Corte Superior de Los Angeles tome razón del fallo y en consecuencia deseche el caso oficialmente, impidiendo que pueda ser liberado. Esto debería suceder en la próxima audiencia del día 8 de junio, aunque no descarto que pueda postergarse incluso hasta julio debido a que el tribunal de primera instancia ha debido suspender actividades y re-agendar diversos compromisos por la contingencia del Covid-19.
3.El caso se desechó por falta de pruebas.
No, se desechó debido a que la audiencia preliminar de juicio no se celebró dentro del plazo legal estipulado y Naasón Joaquín García no renunció personalmente a ese derecho ni se planteó formalmente que hubiera un buen motivo para un aplazamiento:
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La Corte de Apelaciones determinó que el juez Lomeli tenía el deber de conceder a la defensa su moción para desestimar la demanda enmendada en razón de este mismo argumento, sin embargo él había interpretado la negativa de la defensa a proceder con la audiencia preliminar como una renuncia implícita del derecho del acusado a que esta se celebrase oportunamente, como se puede ver aquí.
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4.Pero se violaron todos los derechos del acusado en el proceso, como su presunción de inocencia y su derecho a un juicio expedito.
El fallo no menciona ni una sola vez la presunción de inocencia, y solo hace referencia a los derechos a una audiencia preliminar oportuna y a un juicio expedito. Respecto de este último, la Corte de Apelaciones señaló explícitamente que no era necesario pronunciarse sobre él, contrariamente a lo señalado por Alan Jackson, abogado defensor del apóstol, que declaró que en virtud de ello se desestimaron los cargos:
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Cabe destacar que si se hubiera probado que la fiscalía actuó de mala fe, el caso se habría desechado con perjuicio (with prejudice), lo que implicaría que la oficina del Fiscal General no podría volver a presentar los mismos cargos u otros de la misma naturaleza contra Naasón Joaquín García en una nueva oportunidad.
5.El fiscal Becerra es un católico fanático que persigue a la iglesia y a su líder.
No existe ningún antecedente fehaciente que pueda sustentar tal afirmación, y yo misma me di el trabajo de refutar algunas de las injurias y calumnias que se han difundido sobre él en este artículo que pueden leer aquí.
6.La fiscalía fijó una fianza demasiado alta y sin justificación.
Si bien la fiscalía puede solicitar que a un acusado se le imponga una determinada fianza o que este derecho se le niegue completamente, son los jueces quienes finalmente determinan esto en base a dos criterios básicamente: la gravedad de los delitos imputados, lo que hace presumir que el acusado es un peligro para la sociedad en razón de las evidencias aportadas por la fiscalía, y también su potencial riesgo de fuga, como un incentivo para que comparezca ante el tribunal al ser requerido por este.
En el caso de Naasón Joaquín se fijó inicialmente una fianza de 25 millones de dólares que posteriormente ascendió a 50 millones de dólares a la luz de nuevos antecedentes, y solamente se le negó este derecho completamente cuando la entidad financiera Wells Fargo emitió un reporte de actividad sospechosa debido a que en el curso de una semana en el mes de junio se movieron 5 millones de dólares –lo justo para el depósito de la fianza, que es solo la fracción del total que el gobierno retiene si el acusado se da la fuga– provenientes de 90 transacciones diferentes a una cuenta bancaria de la que el señor Joaquín es titular haciendo referencia al pago de la misma, según lo reportado por Univisión.
7.Todo el caso está basado en el falso testimonio de Sochil Martin.
No. Quienes presentaron denuncias formales contra Naasón Joaquín García en Los Angeles, California, fueron tres menores de edad (Jane Does #1, #2 y #3) y una mujer adulta (Jane Doe #4) que se desempeñó como su asistente, pero que no es Sochil Martin. Sochil Martin tuvo provisionalmente la calidad de testigo de la fiscalía en el caso, pero la perdió al hacerse representar por un abogado para presentar su demanda civil. Pueden revisar la demanda criminal que contiene los delitos imputados acá.
8.Las presuntas víctimas solo buscan una compensación económica.
El propósito de una persecución penal como la que enfrenta Naasón Joaquín García es que él sea privado de libertad por medio de una sentencia judicial, y aun si él recibe un veredicto condenatorio, sus presuntas víctimas Jane Does #1, #2, #3 y #4 no van a recibir ningún tipo de indemnización monetaria por los perjuicios causados. Por otra parte, en la demanda civil interpuesta por Sochil Martin, el fin que se persigue sí es evidentemente una retribución económica, pero no es justo mezclar ambos procesos porque van por vías paralelas.
9.Sochil Martin es una delincuente confesa que está siendo protegida por la fiscalía.
Si bien es efectivo que Sochil Martin ha reconocido públicamente su participación en hechos constitutivos de delito, estos tuvieron lugar en México, fuera de la jurisdicción de la oficina del Fiscal General de California, y mientras ninguna presunta víctima haga formalmente una denuncia, tampoco en México puede abrirse una investigación en su contra.
En el caso de Jane Doe #4, que se encuentra en una posición igualmente comprometedora, el hecho de que ella contactara al Departamento de Justicia para hacer una denuncia formal y colaborara activamente en las indagaciones que derivaron en el arresto de Naasón Joaquín García le garantizó que la fiscalía fuera más indulgente con ella y le ofreciera un trato de inmunidad, por eso es que ella camina libremente mientras Susana Medina y Alondra Ocampo acompañan a su apóstol en el banquillo de los acusados.
10.No hay evidencias que incriminen al hermano Naasón.
En su caso en particular, las evidencias inculpatorias aportadas por la fiscalía fueron tan contundentes que le aplicaron la medida cautelar más gravosa del ordenamiento jurídico, esto es, la prisión preventiva sin derecho a salir bajo fianza; debido a que esta medida es absolutamente contraria a la presunción de inocencia, no se aplica arbitrariamente sino atendiendo a los méritos del caso y solo en circunstancias excepcionales.
No podemos ignorar que ya en julio de 2019, el juez David Fields declaró: “I find that in this case that there is certainly enough evidence to sustain a conviction.” (A mi parecer en este caso existe por cierto suficiente evidencia para asegurar una condena). Si bien la defensa del hermano Naasón presentó una moción en agosto donde expuso sus descargos para cambiar la opinión de la corte en ese ámbito, argumentando que él estaba siendo objeto de una conspiración para incriminarlo, ninguno de sus alegatos fue acogido.
11.Pero las evidencias no son pruebas.
De acuerdo a este glosario de términos legales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, existen cuatro tipos de evidencia: inculpatoria, exculpatoria, directa y circunstancial, y aquello que comúnmente se traduce del inglés al español como “prueba” es la palabra “exhibit”, que es la evidencia física o documentos que se presentan en los procesos judiciales, como contratos o fotografías.
Por otra parte, quienes están habilitados para determinar el valor probatorio de una evidencia cualquiera, esto es, qué tanto contribuye a demostrar la culpabilidad o la inocencia del acusado, son los jueces o bien un jurado.
A pesar de lo que uno podría pensar, los testimonios de testigos presenciales y de peritos policiales se consideran evidencias, pero los testimonios de oídas (hearsay) usualmente no son admisibles en la corte como tales.
12.El sistema es falible, hay muchos inocentes que hasta han sido condenados.
Ciertamente, sin embargo en esos casos las condenas improcedentes han estado basadas en evidencia circunstancial y/o testimonios falsos que parecían verosímiles. En el caso del señor Joaquín, no obstante, existe evidencia inculpatoria que acredita directamente su participación en delitos de la misma índole que aquellos que se le imputan, como videos donde él mismo se grabó.
13.Pero no se ha exhibido ningún video en las audiencias.
Dada la naturaleza sensible del material que da cuenta del abuso sexual infantil, este jamás se exhibe abiertamente en las audiencias debido a que se busca resguardar el interés superior de los menores afectados y no re-victimizarlos, por lo que la manera en que estos registros audiovisuales se dan a conocer es a través de los testimonios bajo juramento de peritos policiales calificados que describen su contenido para la corte, pudiendo ser interrogados tanto por la defensa como por la fiscalía.
Es importante señalar que para todos los efectos, el valor probatorio de estos testimonios es exactamente el mismo que si el juez o el jurado vieran personalmente las imágenes y los videos para llegar a un veredicto.
14.Quien aparece en los videos hallados en los dispositivos del Siervo de Dios es el esposo de Sochil Martin.
Mucho se ha hablado de un supuesto video donde un hombre enmascarado que sería el esposo de Sochil Martin, Sharim Guzmán, mantiene relaciones íntimas con menores para incriminar al "Siervo de Dios" dadas sus aparentes similitudes físicas. Sin embargo, lo que el agente Stover declaró en la corte según reporta infobae, es haber visto un video en que un adolescente enmascarado de unos 15 o 16 años de edad participa de un acto sexual con Azalea Rangel –la co-acusada que permanece prófuga– y en el cual en el reflejo de un espejo de la cama aparece el rostro del hombre que los está filmando, el señor Joaquín. Cabe destacar que la defensa no negó que se tratara de Azalea y Naasón, solo alegó que el menor en realidad podría ser un adulto debido a que hasta ese momento solo se había logrado establecer su identidad a través de la denunciante Jane Doe #4.
15.Pero esos reportes de los medios han sido falsos.
Uno esperaría que si eso fuera así, la Iglesia La Luz del Mundo ya hubiera emprendido acciones legales por injurias y calumnias contra los medios que han difundido esos reportes, y hasta el momento no hemos sabido de ninguna iniciativa de ese tipo.
Cualquier persona que haya visto las audiencias y tenido acceso a los documentos oficiales de la corte ha podido corroborar de manera independiente que lo que los medios han reportado es consistente con la verdad jurídica del proceso penal.
16.Las fiscales del caso fueron halladas en desacato y multadas por no haber entregado nunca la evidencia.
Efectivamente, las fiscales Plisner y Callaghan fueron multadas por no haber aportado a la defensa en un plazo prudente las evidencias que habían obtenido de los dispositivos incautados a los acusados en un procedimiento llamado descubrimiento (discovery), donde estas debían darse a conocer para que los abogados pudieran prepararse adecuadamente para enfrentar la audiencia preliminar de juicio y representar efectivamente a sus clientes.
Sin embargo, esta multa fue retirada al día siguiente cuando el tribunal consideró que ya habían cumplido con su orden, como se ve en el historial de procedimientos del fallo de la Corte de Apelaciones:
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Esta demora no puede atribuirse a un intento deliberado de las fiscales por perjudicar a los acusados, sino a las dificultades derivadas del proceso de desbloquear los dispositivos para acceder a su contenido (sus claves de acceso no fueron entregadas voluntariamente), a las limitaciones del contrato que el gobierno firmó con el proveedor del software que emplearon para hacerlo, y al delicado manejo que debe darse al material catalogado como pornografía infantil. Vale la pena señalar que los abogados defensores tampoco hicieron su debida diligencia, ya que manifestaron no poseer los recursos para viajar a Fresno, donde la fiscalía había habilitado un laboratorio forense para que pudieran revisar la evidencia con anterioridad.
Pueden revisar lo que aconteció en esa audiencia en particular en este enlace.
17.Tantos años supuestamente investigando, y no tienen un caso armado.
Si bien es cierto que la investigación que derivó en el arresto de Naasón Joaquín y de sus co-acusadas estuvo en curso durante años, recién en junio se incautaron los dispositivos que ellos mantenían en su poder, que es de donde proviene el grueso de la evidencia inculpatoria, y es difícil pensar que de un día para otro la fiscalía iba a ser capaz de analizarla y clasificarla, especialmente porque su volumen era abrumador y era necesario identificar las imágenes y los videos específicos en que aparecían menores de edad; la posesión de pornografía en sí no es constitutiva de delito, pero sí cuando involucra a niños y adolescentes.
18.Bien, y si hay tantas evidencias, ¿por qué no lo han condenado?
Los procesos judiciales constan de distintas etapas, y nunca se llegó a la audiencia preliminar, que es la instancia en que se determina si las denuncias tienen méritos y si existe suficiente evidencia para someter a los acusados a un juicio propiamente tal.
Si esta audiencia preliminar sí se hubiera llevado a cabo y se hubiera establecido que las denuncias eran frívolas y que la evidencia era insuficiente, el apóstol habría sido exonerado de los cargos y puesto en libertad inmediatamente, y cabe preguntarse por qué si él tiene una convicción tan profunda en su inocencia, su defensa intentó infructuosamente desestimar el caso ya en el tribunal del juez Lomeli, como puede verse aquí, y posteriormente en la Corte de Apelaciones donde su recurso fue acogido, porque la única consecuencia que esto tendrá es postergar lo inevitable y que se inicie desde cero un caso nuevo en lugar del que se va a desechar.
Si ustedes han escuchado alguna otra idea errónea que yo no abordé en esta publicación, los invito a compartirla, y a quienes discrepan de mis apreciaciones, los invito cordialmente a debatir para que en conjunto dilucidemos la verdad, pero por sobre todas las cosas, no adopten como dogma de fe ni lo que yo ni lo que nadie les diga, investiguen por su cuenta, corroboren los datos de manera independiente, y nunca dejen de cuestionar.
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2020.05.12 04:25 alforo_ El problema de España con las denuncias de torturas policiales

Abogados y expertos señalan que España arrastra un problema de "investigación efectiva" de las denuncias por presuntas torturas cometidas por funcionarios policiales. Cuando se han producido sentencias condenatorias han sido habituales los indultos. Expertos consideran que hay una continuidad en la "voluntad política" de no acabar con los excesos policiales.
ALEJANDRO TORRÚS
El expolicía González Pacheco, alias Billy el Niño, falleció esta semana sin una sola condena por torturas en su expediente. Sólo en el año 1974 se le condenó a una multa por coacciones y malos tratos contra el periodista Paco Lobatón. Después, no hubo nuevas condenas. ¿Significa eso que Billy el Niño nunca torturó? No. Significa que nunca se investigaron las denuncias de torturas contra él. Ni se le investigó en España ni los tribunales permitieron que se hiciera en Argentina. Su caso, además, no es una excepción. Ni Billy el Niño actuaba solo desobedeciendo órdenes ni ha sido el único que ha disfrutado de impunidad por sus actos tanto en dictadura como en democracia.
La investigación del historiador e investigador Pablo Alcántara, así como los testimonios y querellas de sus víctimas, han permitido poner nombre a algunos de estos policías de la dictadura franquista que pasaron a integrar los cuerpos de la nueva Policía democrática sin responder por sus métodos y labor durante la dictadura. Así, la investigación de Alcántara nombra, entre otros, al comisario Pascual Honrado De la Fuente, en Asturias, condecorado en 1967 y denunciado en Argentina por sus víctimas; a Benjamín Solsona, alias ’El Galleta’, en València; los agentes Atilano del Valle y Antonio Juan y Vicente Juan Creix, en Barcelona; o a Félix Criado Sanz y Jesús Quintana Saracibar, en Euskadi. Estos son solo algunos de los nombres de los más de 2.000 agentes que formaban la Brigada Político y Social del franquismo, la Policía política de Franco que vigilaba a la oposición del régimen.
"Billy el Niño no era la excepción, sino que era la norma. Era un aprendiz de sus superiores, como Roberto Conesa o Saturnino Yagüe, que practicaban la tortura y los malos tratos desde los años de posguerra. De hecho, en los boletines policiales se daban instrucciones de cómo infiltrarse dentro del movimiento obrero y estudiantil. Billy el Niño era un sádico, pero igual que muchos de sus compañeros. Era un lacayo en un sistema que toleraba y permitía la represión contra aquellos que se oponían a la dictadura", explica Alcántara a Público.
La impunidad de estos hombres, que habían trabajado en la represión del movimiento antifranquista, se hizo patente con la reinstauración de la democracia, la aprobación de la Ley de Amnistía por parte del Congreso y la interpretación que jueces y juezas han venido realizando de esta norma. Los criminales de la dictadura ahora eran policías de la democracia. "No hubo ningún tipo de depuración de los policías. De hecho, con los Pactos de la Moncloa y la Ley de Amnistía, los delitos cometidos por las fuerzas de orden público franquistas quedaron impunes y algunos de estos policías franquistas tuvieron puestos de responsabilidad en la Policía democrática", prosigue Alcántara.
Y de aquellos polvos, estos lodos. La democracia española se ha visto salpicada en varias ocasiones de numerosas denuncias por torturas y abusos policiales; de condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a España (TEDH) por no investigar de manera real y efectiva estas denuncias; y de continuas advertencias y avisos de organizaciones especializadas en derechos humanos, como Amnistía Internacional, que han denunciado que en España la práctica de la tortura no es sistemática, pero que tampoco se trata de casos aislados.
"Claramente hay una línea de continuidad entre la impunidad de los crímenes del franquismo y las condenas que hay contra España por el hecho de no investigar de manera real y efectiva las denuncias de torturas. Durante muchos años las organizaciones especializadas en Derechos Humanos han denunciado que investigar un delito de torturas, ya no juzgar, ha sido complicado y difícil. Había una tendencia en los juzgados a no dar credibilidad a los testimonios de las víctimas y, por lo tanto, a archivar sin investigar", explica la abogada Anaïs Franquesa, directora de Legal de Irídia - Centro de Defensa de Derechos Humanos.
No obstante, también es evidente que España ha realizado avances y que la realidad de hoy no se asemeja en prácticamente en nada a la del año 1975. Así lo reconoce también Franquesa, que señala que "ahora es más habitual que se investiguen posibles delitos de tortura y que haya condenas, pero sigue habiendo dificultades para que el Estado y los propios cuerpos policiales reconozcan que hay prácticas dentro de los cuerpos que tienen que erradicar".
"Hay una línea de continuidad entre la impunidad de los crímenes del franquismo y las condenas que hay contra España por el hecho de no investigar las denuncias de torturas"
Ejemplos de esta dificultad de los representantes del Estado para reconocer prácticas fuera de la ley en la Policía no faltan. Uno muy representativo se dio con el juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, quien afirmó que en España "la tortura se ha producido de manera clara". "Yo he tenido muchos casos de sospecha fuerte a la que los tribunales no han dado respuesta como corresponde a un Estado de Derecho". Estas declaraciones del magistrado provocaron que el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tachara sus palabras de "infames" y pidiera al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que tomara "algún tipo de medida". La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pidió, de hecho, su recusación en dos de las causas de lucha antiterrorista.
El propio Gobierno de Mariano Rajoy señalaba en una respuesta parlamentaria que en España, entre 2008 y 2013, un total de 6.903 agentes de Policía y Guardia Civil se habían visto implicados en presuntos casos de malos tratos y torturas, y que de ellos las condenas firmes a los agentes sólo ascienden a 47. En opinión del Gobierno la baja ratio acreditaba que sólo una ínfima parte de los casos investigados terminan siendo "denuncias de verdad". El argumento, no obstante, sí es similar al del tardofranquismo y vendría a decir que "la tortura no existe porque no hay condenas".
Sin embargo, la directora adjunta de Rights International Spain (RIS), Patricia Goicoechea, explica que el hecho de que una "denuncia sea archivada no significa que sea falsa". "Solo significa que el denunciante no ha podido probar su versión", prosigue. En opinión de esta experta, España arrastra un problema "sistémico" con el "deber de investigar las denuncias de torturas".
"En los últimos años hemos tenido entorno a una decena de condenas por parte del TEDH por vulneración del artículo 3 del Convenio Internacional que prohíbe los tratos degradantes, malos tratos o torturas a detenidos. La mayor parte de estas condenas hacen referencia a errores en la parte procesal, es decir, a que las denuncias no fueron investigadas correctamente. A estos casos, hay que sumar alrededor de otras doce de sentencias del Constitucional donde se concede el amparo al denunciante porque se considera que los juzgados no investigaron lo suficiente o que la denuncia se había archivado demasiado rápido", explica Goicoechea, que señala que España tiene que mejorar en la formación de de "abogados, jueces, fiscales y demás operadores jurídicos". "La falta de formación es un obstáculo y es imprescindible que mejores en eso", apunta.
Las condenas del TEDH a España por no investigar correctamente las denuncias de torturas tampoco han supuesto ningún terremoto político. El Gobierno, tras la condena a España por infligir "malos tratos o trato degradante" a los detenidos Portu y Sarasola, respondió a una pregunta del diputado Jon Iñarritu restando importancia a las condenas y señalando que eran "sólo nueve".
Asimismo, que un agente de Policía cuente en su expediente con una sentencia por torturas o malos tratos a un detenido tampoco ha sido óbice para continuar ejerciendo la labor policial o, incluso, ser promocionado. Casos no faltan de ningún tipo. Un ejemplo más o menos reciente es el del jefe de Policía de Cantabria, Héctor Moreno García, que fue condenado por torturas en 1994, indultado por el PP de José María Aznar y nombrado jefe de Policía 2017. O el del caso del guardia civil Manuel Sánchez Corbi, que fue condenado el 7 de noviembre de 1997 por la Audiencia de Vizcaya a cuatro años de prisión y seis de inhabilitación por torturar a Kepa Urra en un descampado, antes de trasladarle detenido al cuartel de La Salve, en Bilbao. Sin embargo, sería indultado en 1999 y a pesar de esta condena continuó su acenso hasta ser nombrado coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, puesto del que fue destituido en 2019.
De la larga sombra de las denuncias de torturas sin investigar y de las condenas del TEDH tampoco se escapan jueces y juezas quienes tienen la obligación de procurar la integridad física de los detenidos. Varias de las condenas que ha recibido España por parte del Tribunal con sede en Estrasburgo estaban relacionadas con denuncias de detenidos que estaban bajo protección del entonces juez y hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
El portavoz de la Coordinadora para la prevención de la tortura, Jorge del Cura, explica a Público que la llegada de la democracia estuvo marcada por hacer creer que simplemente por el hecho de estar en una democracia la tortura o los malos tratos policiales desaparecían sistemáticamente. Pero no fue así. De hecho, asegura que, a su juicio, el único momento en el que hubo voluntad política real para acabar con el problema de la tortura en España fue durante una comisión parlamentaria formada entre 1979 y 1980 en el Congreso y de la que nunca se conoció el resultado de la misma ni las conclusiones.
"En 1977 se incluyó el delito de tortura en el Código Penal y en 1983 se dictó la primera sentencia condenatoria contra un Guardia Civil por este delito. Parecía que esa era la prueba de que ya no había torturas. Pero después llegaron los GAL y otros casos en democracia. En la década de los 90, de hecho, ya entramos en un período en el que el Estado comienza a negar a negar esta práctica de manera sistemática. Hay casos que llegan a juicio, pero también hay indultos y ascensos", cuenta Jorge del Cura.
PP y PSOE indultaron al menos a 39 policías y guardias civiles condenados por torturas
Como apunta el portavoz de la Coordinadora, los indultos por parte de los diferentes gobiernos a miembros de las fuerzas del orden público que habían sido condenados por torturas también han sido habituales. El Partido Popular y el Partido Socialista indultaron desde 1991 hasta la actualidad a, al menos, 39 policías, mossos y guardias civiles que habían sido condenados por torturas. Según el recuento realizado por Público, los conservadores son responsables del indulto a 26 agentes, mientras que los socialistas han indultado al menos a 13 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
La situación en la actualidad, explica Del Cura, es que los profesionales y las organizaciones de derechos humanos siguen encontrando "muchas dificultades" para conseguir que se investiguen de manera eficiente las denuncias por torturas. "Acumulamos varios problemas. El primero es una pésima definición del delito de torturas en el Código Penal, el segundo es la falta de investigaciones reales y, para remate, cuando se consigue investigar, juzgar y condenar, nos estamos encontrando con casos en los que no se ejecuta la condena y tampoco se producen expulsiones del cuerpo policial", explica Del Cura.
Este último caso coincide con la sentencia judicial del caso de Juan Andrés Benítez, un hombre que falleció en Barcelona a causa de una actuación de los Mossos de’ Esquadra. En la sentencia, seis agentes reconocieron que dieron golpes a Benítez causándole la muerte y otros dos admitieron que obstruyeron la investigación judicial para encubrir a sus compañeros. Los condenados reconocieron que propinaron patadas, puñetazos y golpes al fallecido. La sentencia les condenó a dos años de prisión, que no tenían que cumplir al carecer de antecedentes y que una vez pasado el tiempo de condena podían reincorporarse al cuerpo si pasan un cursillo de derechos humanos. Del Cura también recuerda que en los últimos años dos agentes de Policía fueron condenados a dos años de inhabilitación por un delito de lesiones a un detenido y que en ningún momento dejaron de ejercer sus funciones.
"Es evidente que la situación desde el tardofranquismo a la actualidad ha cambiado radicalmente. Pero también que hay una línea de continuidad que es que no hay voluntad política real de sancionar y perseguir la tortura o malos tratos de la Policía. Esa es la parte más grave. Luego, por otro lado, hay una parte de permanencia de una cierta mentalidad franquista, tal y como demuestra la relación que mantenía Billy el Niño con algunos comisarios policiales o los chats reveleados por eldiario.es donde se ve a excomisarios de Policía diciendo que debemos al torturador la democracia. No sé si son muchos o pocos, si son mayoría en la Policía o no. Lo que sí sé es que estos elementos no son rechazados y expulsados de los cuerpos policiales cuando se descubren", prosigue Del Cura.
En esta línea, tanto Del Cura como la abogada penalista Anaïs Franquesa señalan que no se puede culpar de todos los males de la actualidad a la Transición, pero que tampoco se puede obviar la oportunidad que se perdió durante el tránsito a la democracia y durante los primeros años de la misma para mandar un mensaje "de tolerancia cero" a los cuerpos policiales en el nuevo régimen democrático.
"No hubo depuración en las instancias policiales ni en las judiciales. Se cerró el Tribunal de Orden Público y al día siguiente abrió la Audiencia Nacional con prácticamente los mismos magistrados. Se puede entender que hubiera resistencias al inicio, con el Ejército con mucha fuerza, pero no se puede entender que más de 40 años después ni siquiera se hayan investigado las denuncias de torturas durante la dictadura. Las víctimas de torturas del franquismo se están muriendo sin que se vea reconocido su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación y, por eso toma una importancia crucial el cuarto elemento de cualquier proceso de justicia transicional: las garantías de no repetición. Cuando la Justicia ha fallado para garantizar el derecho de las víctimas en el acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación, también se está fallando en garantizar la no repetición, es decir, que crímenes o conductas como las de ’Billy el Niño’ jamás se vuelvan a repetir en el presente", sentencia Franquesa https://www.grupotortuga.com/De-Billy-el-Nino-a-hoy-en-dia-El
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